El modelo de extracción minera:
un problema multidimensional
El primero tiene que ver con la forma en que se aprueban los proyectos mineros en el país. En Estados Unidos por ejemplo, cuando se solicita un proyecto de gran minería en la decisión participan todas las entidades del Estado: desde el central en Washington, hasta el federado y las oficinas de casa y pesca de los condados. De otra parte, el Ministerio de Energía recoge todas las respuestas que se van dando y saca un consenso para tomar la decisión. Aquí, como no hay una mirada integral por parte del Estado, tampoco hay una respuesta única e integral. Todos dicen una cosa diferente. Además, tampoco se tiene ningún estudio sobre el impacto que generaría determinado proyecto. Los únicos estudios con los que se cuenta son presentados por las empresas, y es de esperar que no sean los más rigurosos o imparciales.
En parte, esta falta de rigurosidad es responsabilidad de la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME, que según Pardo no tiene idea de lo que está pasando en el país. "Yo evalué los dos planes de desarrollo minero y son de una pobreza absoluta, no saben nada […] Un plan de desarrollo arranca por un diagnóstico, pero no tienen ni idea de lo que está pasando en el país. Encontré por lo menos unas 15 cosas de las que no tienen ni idea", afirma.
Lo más preocupante es que justamente la UPME debería hacer los estudios de lo que está pasando en la minería y dárselos al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional de Minería para que evalúen los proyectos antes de conceder los títulos mineros o prorrogar los contratos de las empresas. En pocas palabras, los planes de desarrollo ignoran el estado real de la minería en el país.
Todos estos problemas se reflejan en el fracaso de la política de legalización minera. Hasta el momento van siete programas de legalización y la tasa de efectividad es de apenas el 3.78%. Es decir, que por cada 100 mineros que se quieren legalizar, escasamente se legalizan cuatro. De hecho, según Pardo la Contraloría General encontró que en el 2012, el 98% del presupuesto del área de fomento de la Agencia Nacional de Minería lo gastaron en cursos de capacitación.
Problemas políticos
Esta situación se debe en gran medida a que las grandes decisiones en materia minera las toman un grupo muy pequeño, conformado por empresas y personas dentro del Estado que tienen la capacidad y el poder para manejar las cosas. Según Pardo, no son más de 12 personas en todo el país. Eso en últimas se resume en la cooptación del Estado por el sector privado, donde los diferentes grupos de interés dictan sus propias normas.
De otra parte, frente a los requisitos y restricciones para adquirir un título minero, resulta alarmante que se otorguen sin ningún tipo de rigor técnico o jurídico. De hecho, el único principio que rige la aprobación es: "quien es primero en el tiempo, es primero en el derecho". Es decir, no existe una cualificación del explotador minero y por consiguiente, no existe un proceso de selección del mejor postor.
Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo.
"Yo evalué los dos planes de desarrollo minero y son de una pobreza absoluta, no saben nadal"
"Las decisiones no las toman más de 12 personas"
Por último, están los problemas de fiscalización de las licencias, ya que las autoridades ambientales no cuentan con personal suficiente e idóneo para realizar la evaluación y el seguimiento de los proyectos. Según Rodado, esto se debe a la falta de recursos. Asegura que le mandó tres cartas al exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry y no le contestó ninguna. Sin embargo, logró incorporar en el proyecto constitucional de reforma a las regalías un artículo que destinaba el 2% de las regalías para fiscalización minera.
Además, no existe un mecanismo eficiente que garantice el cumplimiento efectivo por parte de las empresas de los términos, condiciones y obligaciones previstos en las licencias ambientales; lo que para Rodrigo Negrete puede traducirse en qué no se establecen adecuadamente los términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se pueden desarrollar los proyectos.
Carlos Rodado, ministro de Minas (2010 - 2011)