Las diversas reformas a las legislaciones mineras en Latinoamérica comenzaron a principios de los años setenta y estuvieron lideradas por Perú, Brasil y Chile. Veinte años después, se unieron México, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Cuba. Aunque Colombia llegó tarde a la renovación legislativa, se contagió de la necesidad de hacerse atractiva a los inversores y aprobó, según los expertos, una de las leyes mineras más flexibles del continente.

 

Para                  experto en derecho minero-energético, esa urgencia por modificar la normatividad minera es fruto de la aparición del Consenso de Washington. Vale recordar, que en ese momento la mayoría de países de América Latina estaban prácticamente quebrados por la deuda externa, razón por la cual, el Banco Mundial les propuso refinanciar su deuda si hacían unos ajustes estructurales en sus economías. Uno de ellos tenía que ver con reformar sus códigos mineros siguiendo los patrones fijados por el Consenso de Washington, con lo cual desaparecía el Estado empresario al mismo tiempo que asumía el rol de regulador y fiscalizador. Palabras más, esto implicaba dejar todo en manos del sector privado y poner los recursos naturales a disposición del mercado.

 

Samper y Pastrana coincidieron en la necesidad de reformar el Código de Minas de 1988 para que el sector armonizara con la Constitución de 1991. Sin embargo, sus proyectos no tuvieron éxito porque exageraron en blindar la minería. Fue hasta agosto de 2001 que se aprobó la Ley 685, más conocida como el Código de Minas.