Los últimos gobiernos, especialmente el de Álvaro Uribe, han impulsado un modelo extractivista de los recursos naturales no renovables (RNNR) que ha incrementado las actividades mineras en gran parte del territorio nacional. Este hecho, en otras condiciones, significaría grandes pasos hacia el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, las decisiones mineras no van de la mano con estudios responsables sobre los impactos sociales, ambientales y económicos; lo que genera incontables conflictos alrededor de este modelo, que ponen en tensión los derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución Política.

 

La Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a pesar de tener un objetivo común —desarrollar una minería sostenible en el país— no han trabajado de manera coordinada. ­Por el contrario, la falta de comunicación y de sinergia entre estas dos agencias, ha llevado a que la ANM actúe como si la jurisprudencia y los temas ambientales, transversales a cualquier institución, no existieran. Cada agencia actúa según sus propios intereses, sin tener una mirada integral del problema. Esa falta de mirada conjunta explica por qué hoy la minería es uno de los problemas más complejos que afronta al país.

 

Este reportaje realizado por Lina Aristizábal, estudiante de Periodismo y Opinión Púbica de la Universidad del Rosario, fue presentado como trabajo de grado para optar por el título de Periodista. 

 

Galería de fotos