El problema del sector minero no es la falta de leyes, decretos o resoluciones. Todo lo contrario, la cantidad de normas que existe es abrumadora. Y esa es precisamente una característica de los Estados precarios: son prolíficos a la expedición de normas, pero no tienen la forma de ejecutarlas o de hacerlas aplicar. Como señala el antiguo adagio latino: “corruptissima re publica plurimae leges” (Tácito, Annales, Libro III, pág. 27).

 

A esta situación contribuye: "la debilidad de las autoridades encargadas de la ejecución, el alejamiento de la autoridad central de los territorios, la existencia de realidades bien consolidadas que pretenden ser cambiadas desde la lejanía y no pocos casos de corrupción entre autoridades encargadas de hacer cumplir las normas" 

 

La solución entonces, es dejar de ver a la minería como un sector y empezarla a entender como un macro-sistema complejo por todos los impactos que tiene en su entorno. Se puede proponer una reforma al Código de Minas, pero es inútil si al mismo tiempo no se hace una reforma en lo ambiental, en lo étnico, en lo económico, en lo tributario y en lo penal. 

 

El defecto consiste básicamente en que hasta hoy ha habido muchas pretensiones para regular la minería —sobre todo de reglamentación jurídica— pero no la creación de una cultura armónica en la que el medio ambiente y la actividad minera se puedan circunscribir de un modo razonable.