A partir del 2008, la autoridad minera lideró varios programas que pretendían posicionar a Colombia como un país minero y un destino importante para la inversión extranjera. Este objetivo se complementó con la creación de los Distritos Mineros, un proyecto que impulsaba cadenas productivas de regiones con similitudes geográficas y geológicas, bajo parámetros de productividad y competitividad. "La autoridad minera invirtió importantes recursos económicos en la puesta en marcha de los Distritos Mineros, los cuales fueron ignorados por la administración de Santos. Es un ejemplo de la ausencia de una política de Estado" 

 

Ya hacia los últimos años del gobierno de Uribe se inició un proyecto para reformar algunos aspectos del Código de Minas de 2001, hecho que culminó con la aprobación de la Ley 1382 de 2010. Sin embargo, esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional porque no cumplía con el requisito de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes. No obstante, para evitar posibles daños ambientales derivados de su inconstitucionalidad inmediata, la Corte difirió a dos años los efectos de la sentencia. El plazo se cumplió en mayo del 2013, sin que la autoridad minera presentara la nueva reforma al Código, con lo cual se regresó a la Ley 685 de 2001.

 

Las consecuencias negativas de esto son: la reglamentación del Código de 2001 no garantiza las cláusulas de protección ambiental que requiere la actividad minera, con lo que se desprotegen los páramos y los humedales; la flexibilización para obtener los títulos mineros, que en alguna medida el Código de 2010 intentó contrarrestar; la prórroga de contratos mineros vuelve a ser de 30 y no de 20 años; los mineros a pequeña escala pierden la reglamentación, con lo que se exponen a ser procesados penalmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría de Pardo es que a la industria grande no le convenía la Ley 1382, por eso querían volver a la Ley 685 "y patalearon y jodieron para no dejarla presentar. Algo de interés tenía el Ministerio, que tenía el borrador pero no lo presentó".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos hechos apartaron al país de uno de los mayores objetivos que debe perseguir toda sociedad contemporánea: alcanzar la sostenibilidad ambiental. Es decir, vivir dentro de los límites impuestos por el medio ambiente. Además, pusieron en riesgo los grandes potenciales del patrimonio ambiental del país para su desarrollo y excluyeron mandatos constitucionales —artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia— según los cuales: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y el "Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"

 

Finalmente, el                                        creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, encargada de que los proyectos, obras u otras actividades sujetas de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país. La idea de crear esta agencia era básicamente la de "contar con un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encargue del estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales que contribuirá a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión ambiental y al desarrollo sostenible" (Presidencia de la República de Colombia 2011, párr. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, casi tres años después de creada, todavía está lejos de cumplir con su propósito, como lo explica Guillermo Rudas, economista y Máster en Economía Ambiental y de Recursos Naturales.